La empresa Sogecable, propiedad del grupo Prisa, depositó ayer en el Juzgado número 7 de Barcelona los 90 millones de euros que debía a Mediapro como primer pago por los derechos de retransmisión de la Liga de fútbol para la próxima temporada. El anuncio lo hizo ayer el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, durante la junta general de accionistas de la compañía, acto que aprovechó para denunciar el «clientelismo y favoritismo» del Gobierno de Zapatero hacia la productora catalana Mediapro.
Cebrián explicó que el depósito realizado en el juzgado que tramita el concurso de acreedores de Mediapro tiene como objetivo «garantizar la explotación pacífica del fútbol en televisión». Sogecable ha pedido también a los administradores concursales de Mediapro que entreguen a Audiovisual Sport (empresa participada al 80% por Sogecable) «los derechos, «que le pertenecen según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 36 de Madrid».
Ese juez condenó hace tres meses a Mediapro a pagar 104 millones de euros a la empresa de Prisa por los daños causados desde que se desató la llamada guerra del fútbol en la temporada 2006-2007. Pero el hecho de que la sentencia haya sido recurrida y de que Mediapro se apresurara a solicitar la declaración de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) han impedido que se realizara el pago. Según dijo ayer Cebrián, el concurso de acreedores no priva de eficacia a esta sentencia ni a su ejecución.
Cebrián acusó al «poder político» de haber amparado la utilización de los derechos televisivos sobre la Liga «para tratar de debilitar las posiciones de Prisa». Sin citarla, se refirió a Mediapro como «una empresa caracterizada por su aventurismo, que irrumpió en el mercado futbolístico ofreciendo sumas que ahora se confiesa incapaz de pagar, generando una burbuja cuyo pinchazo puede provocar un auténtico estallido social». También culpó a la empresa presidida por Jaume Roures de «difamar y deteriorar» el crédito de Prisa.
En cuanto a la fusión de Cuatro y Tele 5, reconoció que la necesaria autorización de la Comisión Nacional de la Competencia podría suponer un «retraso superior al deseado», por lo que pidió al órgano regulador que «actúe con celeridad».
(Fuente: Juan Carlos Rosado elperiodico.com 01/07/2010)
